Fortalece el Congreso la función de
fiscalización de la Auditoría Superior del Estado


En su sesión ordinaria de este martes, el Congreso del Estado aprobó el dictamen
relativo a una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, en aras
de fortalecer la función de fiscalización de uno de los órganos de apoyo del
Congreso, como es la Auditoría Superior del Estado.
El propósito fundamental de la iniciativa promovida por la diputada Genoveva
Morales Fuentes, consiste en perfeccionar el uso de los sistemas informáticos, no
sólo para la solicitud de información requerida en las auditorías respectivas, sino
para ampliarlo a todo el sistema de fiscalización a que se refiere el artículo 16 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; modernizar los procedimientos
propios de la fiscalización; eficientar los tiempos, recursos, procedimientos y
conclusiones de la fiscalización; dar mayor vigencia al uso de la firma electrónica,
para utilizarla en todos los procesos de fiscalización o rendición de cuentas
competencia de la Auditoría Superior del Estado, siempre y cuando se cumplan las
formalidades respectivas y se cuente con los procesos de certificación que
garanticen la certeza y confiabilidad de la respectiva firma.
También, autorizar a la Auditoría Superior del Estado para que en el marco de sus
atribuciones pueda celebrar convenios de colaboración con las autoridades
federales para el uso de la firma electrónica avanzada, y con ello facilitar el uso
obligatorio para todos los entes públicos o entidades fiscalizables del sistema
electrónico; facultar a la Auditoría Superior del Estado para solicitar información a
través de medios electrónicos mediante herramientas tecnológicas; establecer los
esquemas en los que se operarán los modelos digitales, así como lo referente a las
denuncias que se podrán presentar mediante formas electrónicas, facultando al
titular de la Auditoría Superior para que expida las reglas concernientes a estos
procesos; prever que la Auditoría Superior deberá proteger la identidad de los
denunciantes.

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